Los inimputables del sistema penitenciario mexicano

CRISTINA RUMBO BONFIL/10 de enero del 2018.- Después del reciente traslado
de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo al Centro Federal de
Readaptación Psicosocial en el municipio de Ayala Morelos, surgieron una serie
de interrogantes que cuestionan la decisión de haber trasladado al político a un
centro penitenciario como lo es el CEFEREPSI, siendo además el único en su tipo
en nuestro país. Habría que recordar que Borge que se encuentra señalado por
enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, así como de haber adquirido y
vendido predios a un precio ridículamente barato, en zonas exclusivas de
Quintana Roo en el momento en que estaba al frente de la entidad, no padece –no
hasta el momento que se haya declarado-, ningún tipo de padecimiento
psicológico o psiquiátrico que justifique su traslado a dicho centro federal.

En torno a lo anterior, tendríamos que señalar que el CEFEREPSI es un
centro especial para la reclusión de personas que han cometido delitos del orden

federal, pero que además, han sido diagnosticados con algún tipo de padecimiento
o trastorno mental, psicológico y/o psiquiátrico. Sin embargo desde hace unos
años, este centro penitenciario ha sido utilizado para albergar a internos que no
necesariamente, padecen algún tipo de trastornos de los antes mencionados, y
muy por el contrario se trata de “personajes” políticos y lideres de grandes carteles
de la droga a quienes parece se les ha dado un trato especial, privándolos de la
libertad en un centro que guarda mejores condiciones de reclusión, de las que
pudieran darse en otro tipo de centros penitenciarios federales.

Pero y ¿que pasa con todos aquellos sujetos que han cometido actos
ilícitos y se encuentran recluidos en los distintos centros de reclusión municipal,
estatal y federal, que realmente padecen algún tipo de trastorno mental en nuestro
país? ¿realmente se encuentran purgando sus condenas en centros especiales
como el CEFEREPSI?

La respuesta a ambas preguntas tendría que ser no, muchos de los internos
con padecimientos mentales se encuentran en condiciones deplorables y en
evidente violación de sus derechos humanos en nuestro país. De acuerdo con la
reciente Ley Nacional de Ejecución Penal, se dio como plazo hasta el próximo 30
de noviembre del 2018, como fecha máxima para que las personas inimputables
puedan ser trasladados a centros penitenciarios especializados para atender a sus
condiciones de internamiento, para que de acuerdo con el artículo 18
constitucional, pueda diseñarse un tratamiento especializado e individualizado que
propicie de forma idónea su posible reinserción social.

Pero las condiciones de internamiento de los inimputables, no se restringen
a este grupo, sino que se extienden a la gran mayoría de personas privadas de la
libertad, que dentro de prisión también padecen de muy variadas condiciones que
privan y restringen al mínimo los derechos más fundamentales. El sistema

penitenciario es hoy, uno de los sistemas gubernamentales más criticados y más
olvidados del Estado mexicano, los incontables problemas que surgen entorno al
sistema carcelario evidencian lo que no se ha alcanzado después de casi 100
años de establecerse en nuestra carta magna de 1917 el artículo 18
constitucional 1 , como el instrumento jurídico garante de los derechos de las
personas recluidas en un centro penitenciario. No obstante el problema no solo se
limita a las restricciones que tiene el sistema sino también a las inobservancias y
omisiones que realiza el estado estrictamente en materia de Derechos Humanos.

Prueba de esta inobservancia es precisamente los diversos estudios,
análisis y evaluaciones que se realizan de los tratamientos de reinserción social,
que no necesariamente evalúan la salud mental de los internos, y donde
escasamente se logra con éxito la revisión de otros aspectos de gran importancia
para la lograr verdaderos avances en el sistema ejecutivo penal.

Si bien el estado esta facultado para la imposición de sanciones y como
consecuencia de ello a imponer los paliativos y los correctivos necesarios para
lograr el propósito y objeto de la privación legal de la libertad. Es pues el estado, a
través de sus operadores jurídicos, quien “castiga” todo acto ilícito cometido por
una persona de la cual luego de sujetársele a un debido proceso se le encuentra
culpable o no de dicha conducta. El derecho penitenciario es o debería ser la
ultimo ratio del estado sancionador, la consecuencia de que un sujeto no se
adecue a un sistema integral de derechos y valores previamente positivados y
aprobados para la sana convivencia social.

Pero esta facultad no le debería permitir restringir las condiciones de
tratamiento para los inimputables, quienes aún y con la queja social que significa

1 García Ramírez, Sergio. El sistema penitenciario siglos XIX y X. Boletín Mexicano de Derecho comparado. Biblio-
jurídicas 1999. p. 377.

brindar supuestos beneficios a los internos, es un derecho inimpugnable y no
puesto a consideración de las autoridades penitenciarios.
Mientras ello ocurre, las cárceles se llenan de internos con padecimiento
mentales graves, propiciados –incluso- a partir de su internamiento, y de los
cuales se ha tenido muestra se encuentran arraigados en celdas “especiales”
dentro de prisión, privados de cualquier tipo de tratamiento que coadyuve en su
restablecimiento mental, y que en el peor de los casos padecen agresiones,
violaciones físicas y sexuales, trato denigrante y abandono.

Es repugnable que mientras esto sucede, en el único centro especializado
para el internamiento y el tratamiento de los inimputables, se encuentren
recluyendo a políticos y criminales de grueso calibre, con la única justificación de
salvaguardar su seguridad y ocupando una celda que debería de estar destinada,
para aquellos que realmente requerirían un tratamiento especializado, y no que se
obedezcan a un trato pactado por las grandes esferas políticas de este país.

Mientras los inimpugnables y los miles de internos de las cárceles de este
país siguen sufriendo el abandono y el sometimiento de los grupos delincuenciales
que gobiernan los centros de reinserción en México; sin contar que la situación
política y social que ha empeorado y se dibuja cada día más complicada, lo único
que nos resta es preguntarnos si realmente, ¿existen los derechos humanos en
México?, o acaso estaremos ante una concepción puramente formal de los
mismos.

La observancia de derechos humanos no debería quedar exenta del
Derecho penitenciario, la comisión de un delito y la imposición de la privación legal
de libertad como consecuencia de ese acto, de ninguna manera debería significar
la imposición de penas tan restrictivas que terminen aniquilando lo más valioso
que tienen los seres humanos: su dignidad.

FOTO: Jaime García

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