Caso colombiano en Tetela: Juez detuvo órdenes de aprehensión

 

Dulce Valdepeña / 25 de septiembre del 2018.- El Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara señaló que un juez de control negó las órdenes de aprehensión en contra de personas identificadas como responsables de la privación de la vida del colombiano Ricardo en el municipio de Tetela del Volcán.

Fue le pasado 31 de julio que Ricardo Alonso fue retenido por pobladores en un paraje en las orillas de esta localidad acusado de extorsión y fue llevado por policías a los separos en la cabecera municipal donde fue reclamado por los pobladores para ser expuesto en la plaza pública.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, Carmona Gándara fue cuestionado sobre este hecho ante lo cual, aseguró que en breve serán detenidos las personas que dijo, están plenamente identificadas como responsables de las agresiones que dieron muerte al extranjero.

“Tetela, es un asunto que puso a Morelos en la mira no solo nacional sino mundial; tuve el requerimiento de la embajadora de Colombia quien nos increpó de la perdida de la vida de su connacional”, expuso.

Informó que la carpeta radicada en la regional de Cuautla tiene un “avance importante” y sostuvo que obtendrá la vinculación a proceso de quienes privaron de la vida al colombiano en territorio morelense.

“Solicitados las correspondientes ordenes de aprehensión de las cuales en menor número nos fueron negadas por el juez de control y se sustancia el recurso de apelación porque no estamos de acuerdo, estimamos que se debieron girar las ordenes en contra de cada una de las personas”, precisó.

El hecho se registró luego de sendas acusaciones en contra de personas de esta misma nacionalidad como responsables de delitos como cobro de piso, extorsiones disfrazadas de préstamos y la detención de algunos extranjeros en la zona de los altos de Morelos por grupos comunitarios que reforzaron advertencias y coordinación de vigilancia en la región.

Por otra parte, cabe destacar que en aquel país trascendió la exigencia de respuestas al estado mexicano sobre las condiciones en las que murió Ricardo así como la responsabilidad de la policía estatal en garantizar el debido proceso para una persona sospechosa de cometer un delito así como de tratados internacionales en Derechos humanos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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