Cárcel de Morelos, operado por la IP

 

Dulce Valdepeña / Septiembre 2019.-Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B de C.V. (IDEAL), la constructora de Carlos Slim es la más apalancada del sector, encabeza un artículo de El Financiero que detalla que, de las empresas de la construcción de cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, ésta es la compañía de mayor nivel.

Una investigación especial de Cuestione reveló que las cárceles del gobierno federal son un negocio multimillonario en manos de los empresarios más ricos y poderosos donde cada reo cuesta al país incluso más que el presidente de la república.

En 2013, IDEAL adquirió la participación en Morelos con la cárcel femenil ubicada en Coatlán y Chiapas, de acuerdo al documento Privatización del Sistema Penitenciario en México como resultado de una investigación multisectorial.

Sostiene que el estado mexicano ha mantenido el discurso de falta de recursos para alentar la participación de grandes empresas que no necesariamente tienen experiencia. México es el séptimo país con mayor población penitenciaria.

En su sexenio, Felipe Calderón entregó la construcción y operación de nuevas cárceles a empresarios. De entre los beneficiados están Olegario Vázquez Raña (PRODEMEX), Hipólito Gerard Rivero (GIA), Adrián García Pons (ARENDAL), Bernardo Quintana (ICA), Federico Martínez (TRADECCO).

Son ocho los Centros Federales de Readaptación Social en Durango, Michoacán, Chiapas, Morelos, Coahuila, Sonora, Guanajuato y Oaxaca concesionados por 22 años -hasta el 2032- bajo contratos por asignación directa que en conjunto manejan casi 12 mil millones de pesos al año sin experiencia en el manejo de cárceles.

La investigación arrojó que el promedio del gasto por cada persona presa en estas cárceles es de tres mil 500 pesos diarios que se traducen en tres veces más que las operadas por el gobierno federal aunque el ubicado en Michoacán el costo se eleva hasta 8 mil pesos diarios.

De los casi 15 mil millones de pesos que el gobierno gastó en 2018 en pagar el sistema penitenciario, el 80 por ciento cayó en estos empresarios quienes no destinan el recurso al pago de custodios pues éstos los sigue pagando la federación.

Los especialistas que aportaron la información sostienen que se trata de un incentivo “perverso para hacer cada vez más, traslados ilegales” ya que el gobierno federal paga lo mismo a estos empresarios por tener 10 o dos mil reos en sus cárceles y además, también afecta a la población en libertad pues en lugar de dirigir recursos a cubrir necesidades en salud, vivienda o infraestructura se destinan a “alimentar monstruos mercantiles” que operan los centros privatizados con promesa de mejorar el sistema penitenciario.

Felipe Calderón anunció en su cuarto informe de gobierno las primeras construcciones de cárceles bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP). La justificación quue observó Gustavo Fondevilla, investigador del CIDE es que “el sector privado tiene más recursos para brindar mejores condiciones de alojamiento a los reclusos/as y contribuir a la reinserción de estas personas con mejores costos económicos y sociales”.

Frente argumento, los investigadores concluyen que no responden a las necesidades sociales y carecen de mecanismos de control eficientes. En el caso del CEFERESO 16 de Morelos, con su creación destinado a mujeres privadas de la libertad por un delito del fuero federal se vaciaron las estancias de los centros federales mixtos que existían anteriormente; concentración que atenta contra el derecho a estar encarceladas a un lugar cercano a su domicilio señalado en el artículo 18 de la constitución y un obstáculo a una vida familiar y defensa adecuada. En este centro, el costo por interna asciende a dos mil 500 pesos diarios.

Documenta.org destaca que este contexto permite que empresas y estados usen a las personas privadas de la libertad no sólo como incentivos para ingresos futuros sino como una manera de ahorrar costos. “Así pues, el estado mexicano trató de remediar la ausencia de estándares vía una colaboración con la Asociación Americana de Correccionales (ACA)” cuyos detalles no se conocen aún.

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