Cárcel de Jonacatepec con acreditación “de apariencia”

Dulce Valdepeña

JONACATEPEC, Mor., 5 de noviembre del 2019.- Así define el estudio “Privatización del Sistema Penitenciario en México” a la acreditación que emite la Asociación Americana de Correccionales (ACA, por sus siglas en inglés) a las cárceles del país que obtuvo la distrital de Jonacatepec en agosto del 2018.

Documenta.org publicó que por una auditoría se cobran montos que van de 8 mil a 19 mil dólares, otorga un incentivo financiero para ofrecer el mayor número de acreditaciones posibles, sin necesariamente tomar en cuenta las situaciones de derechos humanos.

A un mes de recibir la acreditación, en la cárcel de Jonacatepec se registró la protesta de internos cosiéndose la boca para protestar por violaciones a sus derechos, condiciones deplorables tanto para la población penitenciaria como para sus familiares que se asentó en un comunicado dirigido a la opinión pública y protestas que derivó en la destitución del director.

Es en este penal donde fueron trasladados en días pasados 26 reos desde Atlacholoaya luego del motín que dejó varios muertos y heridos; la población reubicada se definió como prisioneros “de alta peligrosidad”, sin embargo, a decir de familiares quienes piden guardar el anonimato, no existen las condiciones para ello.

La seguridad en el exterior ha sido reforzada en los últimos días con visible presencia policiaca y de la Guardia Nacional en las inmediaciones del penal.

La ACA cuenta con 139 estándares internacionales básicos, de los cuales solamente 39 son obligatorios. Se encuentran divididos en siete áreas principales, cada una con metas específicas y resultados cuantifcables:

Seguridad: Proporcionar un entorno seguro; Orden: Mantener un ambiente controlado; Cuidado: Proporcionar lo indispensable para cubrir las necesidades básicas y de cuidado personal; Programas y Actividades: Ayudar a los internos a lograr una reinserción social exitosa; Justicia: Brindar a los internos un trato justo y respetar sus derechos legales; Administración: Administración y manejo profesional y responsable de las instalaciones.

Al abordar “La problemática ACA”, documenta.org explicó que diez años atrás, una de las principales metas de la Iniciativa Mérida es la obtención de la acreditación, la cual nominalmente no tiene fines de lucro y fue establecida en Estados Unidos, fundada por profesionales del sistema correccional, quienes desarrollaron un proceso de acreditación para medir el cumplimiento de sus principios básicos. Con el objetivo de obtener una acreditación inicial, las prisiones deben cumplir 100% los estándares obligatorios y un mínimo de 90% de los no obligatorios.

Como parte de la iniciativa Mérida, el proceso de acreditación sigue siendo opaco, concluye el estudio. “Hasta hoy, no se conocen los detalles del contrato o los contratos que se celebraron entre el gobierno y la ACA; tampoco se compartieron los dictámenes de las auditorías. La auditoría evalúa un estado del cumplimiento con sus criterios en un tiempo dado, sin que se le dé seguimiento a largo plazo, ni que se tome en cuenta el proceso que permitió llegar a este estado. El Manual de estándares menciona que las entrevistas de los internos sólo son opcionales en el proceso de auditoría y evaluación, lo que permite a la administración del centro enseñar únicamente los aspectos que le parecen adecuados”.