Temen a la prensa libre

 

Dulce Valdepeña

MORELOS/ Diciembre 2019.- Nadie creyó al Gobierno del Estado cuando emitió un boletín donde niega denuncia contra el periodista Carlos Quintero Juan sino que en efecto, se pretendía criminalizar la libertad de prensa hasta antes de ser evidenciados.

La credibilidad formada por profesionalismo es lo que no tiene el ejecutivo. Sin importar el compromiso por publicar los comunicados sin cuestionar además del pleno ejercicio del derecho de réplica, la opinión pública pudo conocer la materialización de la persecución que el periodista denunció semanas atrás.

La incomodidad por formar un criterio basado en hechos y cuestionamientos al poder creció con Cuahutémoc Blanco pues él mismo se volvió escurridizo y desinteresado al terreno incierto de las entrevistas al paso de los reporteros a menos que sea para mantenerlo como Super Star.

Con #EstoPasaEnLasPrisionesdeMorelos Carlos Quintero marcó una ruta periodística para evidenciar la omisión y corrupción en las autoridades a costa de la integridad humana y de la ley.

Pero, para quienes están al frente de las dependencias relacionadas con la seguridad, con la publicación al momento de los hechos en el penal de Atlacholoaya en los primeros días de noviembre fue una alerta interpretada como incitación que causó “gran alarma entre la población morelense y en donde inclusive personas decían tener familiares en dicho centro penitenciario quienes negaron la nota y el C. Carlos Quintero Juan los alarma diciendo Vamos al Penal”.

A criterio Oscar González Marín, director general jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública los hechos pueden se constitutivos del delito de “Uso indebido de medios de comunicación” establecido en el artículo 267 Bis del Código Nacional de Procedimientos Penales que el periodista Jesús Castillo definió como debatible en la columna “Van por reporteros” publicada este lunes en el diario La Unión de Morelos que hizo referencia a la preparación de la denuncia contra el compañero.

Como especialista en periodismo judicial, Carlos Quintero posicionó a nivel nacional la inhumación irregular de cuerpos en Tetelcingo y recientemente, parte del equipo ganador del Premio Nacional de Periodismo Breach-Valdez 2019 y el Premio Gabo en Iberoamérica.

El concepto de periodismo “independiente” se ha desvirtuado con oportunistas e improvisados que justifican manejo inadecuado de la información, por otra parte, está el periodismo Libre, encaminado a la suma de destrezas y aprendizaje constante ajeno al buen ejercicio periodístico.

“La denuncia pretende ser presentad en próximos días por la Comisión Estatal de Seguridad Pública ante la Fiscalía General de Justicia de Morelos. Esa denuncia se vincula a la cobertura periodística que he realizado en los últimos meses sobre el conflicto en las prisiones del estado y los homicidios de 10 personas privadas de su libertad y más de 15 personas heridas. Desde el pasado 22 de mayo he documentado y seguido el conflicto en las prisiones de Morelos en donde han ocurrido al menos cuatro motines desde el pasado mes de mayo a la fecha”.

Son diversas las fuentes que el periodista hace valer y que comparte “porque las autoridades penitenciarias son omisas, no escuchan ni atienden los conflictos que prevalecen en los centros penitenciarios del estado, incluso, de acuerdo con una investigación periodística, se hallan implicadas en actos de corrupción”, dice Carlos Quintero en un comunicado.

La falta de credibilidad al Estado se reforzó cuando el Coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León Bórquez, respondió por mensajes a través de Whatsapp que el motín que se asomaba en Atlacholoaya era “Mentira”. La realidad sobrepasó por mucho la versión oficial.

A través de la fiscal anticorrupción, Adriana Pineda, se pretende legitimar una investigación para “invadir mi esfera íntima y así obtener información personal para manipular y utilizar, en futuro, para fabricar un delito distinto en mi contra y continuar así con una campaña de difamación”, es el trasfondo que el periodista observó además de inhibir por supuesto, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.

En la denuncia preparada, la CES pide analizar la página personal del periodista, conocer la ubicación de las publicaciones, analizar el video compartido, peritaje para determinar si causan reacción para realizar la movilización de cuerpos de emergencia para dar aviso falso provocando la movilización o presencia de personal de emergencia.

Todo esto, en lugar de investigar a los servidores públicos que tienen responsabilidad en el conflicto y esclarecer los homicidios de las personas internas.