Dos sentencias por violencia política en Morelos que se resisten a admitir

 

 

Dulce Valdepeña

CUAUTLA, Marzo 2020.- Ya sea por “chicanadas”, manipulación mediática o simplemente con omisión, los gobiernos municipales de Cuautla y Tetela del Volcán se niegan a admitir que los alcaldes varones han sido sancionados por cometer violencia política por cuestión de género.

A través de juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano se integraron los expedientes TEEM/ JDC/81/2019-3 por cuanto al ayuntamiento de Tetela del Volcán y TEEM/JDC/443/2018 y sus acumulados contra autoridades del Gobierno de Cuautla.

“El presidente municipal siempre mandaba emisarios que me amedrentaban para desistirme del juicio, que me recomendaban que esa era la mejor solución porque el presidente seguiría siendo el presidente”, expuso la regidora en Tetela del Volcán Susana Isabel Herrera Rodríguez.

Una nueva impugnación por parte del alcalde Israel González Pérez niega que se trate de violencia política por cuestión de género o en su caso, la síndico, siendo mujer, también sería objeto de la misma. Sino que, insiste en que se trata de la falta de representatividad al ser de la comunidad indígena de Hueyapan.

Si bien es cierto que, Hueyapan tuvo declaratoria para ser municipio indígena; también lo es que a la fecha no hay consenso en el límite territorial y el periodo constitucional continúa tal cual como inició.

El tribunal ordenó al alcalde restituir inmediatamente a la regidora en el ejercicio pleno de sus derechos convocándola oportunamente y allegándole toda aquella información o documentación que solicite relacionada a sus funciones y del ayuntamiento.

Así también a que provea del mismo personal que las demás regidurías, contestación a escritos, ofrecer disculpa pública, abstenerse de llevar a cabo actos de violencia política de género directa o indirectamente.

En el caso de Cuautla, aunque el expediente acumula denuncias de otros regidores por cuanto al pago, en relación a la violencia política Paola Cruz Torres señaló que durante su cargo como síndica municipal sufrió por parte del alcalde Raúl Tadeo Nava impedimento de realizar sus funciones, exclusión de la toma de decisiones, bloqueo económico, impedimento a tener personal a su cargo, expresiones denostativas referentes a que no era capaz de realizar sus labores por ser mujer que fueron equiparables a la actitud que adoptó uno de sus colaboradores más cercanos: Demóstenes Benjamín Vázquez Galindo quien también fue objeto de sentencia.

Los elementos probatorios produjeron indicios de que Cruz Torres sufrió por parte de Tadeo Nava agresiones mediante actitudes “prepotentes” y que no la dejó ejercer su cargo. De la misma forma se verificó que Vázquez Galindo le negó información por estar “sujeto a los términos y condiciones que establecía el entonces presidente municipal”.

“Finalmente acabaron afectando no sólo a la síndica municipal sino también a los ciudadanos del municipio de Cuautla” asentó la sentencia que precisa que la amonestación pública busca visualizar y hacer conciencia en los ciudadanos sancionados sobre la clase de cuidados reforzados que deben tener cuando desempeñen un encargo como servidores públicos o en la cotidianidad de su vida y se conduzcan con pleno respeto a los derechos de las personas y no rijan su actuar por estereotipos de género; en atención a la trascendencia y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en la vida política.

Como se informó en este medio, el ex alcalde impulsó una campaña de descrédito a los criterios del tribunal y de Cruz Torres sesgando información sobre la supuesta nulidad a la primer sentencia que emitió el tribunal local, sin embargo, con la observación del tribunal federal se mejoraron los argumentos y se mantuvo la sanción de hacer pública la denuncia así como dar vista a la Fiscalía y Congreso del Estado para que en su caso, se abran otras líneas de investigación.

En segunda notificación se encuentran autoridades del ayuntamiento de Cuautla sobre la sentencia relativa a violencia política y sus acumulados por parte de la administración anterior que obliga al gobierno municipal a pagar los adeudos generados en el trienio pasado a integrantes del cabildo.

La actual síndica, Micaela Sánchez Vélez denunció durante el primer año de administración haber sido víctima de violencia política por parte del alcalde Jesús Corona Damián al ser sujeta a recortes de recursos económicos y medios para ejercer sus funciones. Sin embargo, se desdijo más tarde y ante el caso de su homóloga de la administración anterior no ha mostrado empatía.

Sánchez Vélez evita ser cuestionada sobre ésta y otras funciones a pesar de ser sujeto obligado, en cambio, ha sido activa en las jornadas de activismo partidista de Morena en la ciudad de México.

Además de la síndico, el alcalde Jesús Corona Damián y el tesorero en turno son los servidores públicos que deberán atender la notificación en el plazo asignado, sin embargo, hasta el momento han hecho caso omiso.

El Periódico Oficial “Tierra y Libertad” estableció en su número 5774 el decreto número 472 por el que se reforma el código penal para el estado de Morelos adicionando el capítulo V denominado “Violencia Política por Condición de Género” a iniciativa de la diputada Rosalina Mazari.