Pugna por liberación de mujeres presas por política de drogas se refuerza ante Coronavirus

 

 

Urgen medidas especiales en cárceles ante Covid-19

Redacción

En las prisiones, la estrecha proximidad es el escenario ideal para el contagio que aumenta cuando carecen de agua y condiciones de higiene.

Los graves problemas de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes son comunes, pese a las diversas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales protectores de los derechos humanos, prologa el estudio Privatización del sistema Penitenciario Mexicano.

Ante el Senado de la República, la organización Equis, Justicia para las Mujeres piden la excarcelación de mujeres y adultos mayores; el tema cobró relevancia a la fecha ante las medidas impuestas para prevención del contagio de Coronavirus de la que consideran, se requiere atención en cárceles.

“Las razones por las cuales las mujeres se involucran en el tráfico de drogas son diversas. La precariedad económica y el rol de cuidadoras, que socialmente está ligado al género femenino, son dos de las más comunes. También se puede deber a que las mujeres forman parte de una relación de poder desigual en donde su voluntad está condicionada, pues muchas consideran una obligación obedecer a sus parejas, padres, hijos o hermanos. “ Señala la organización.

Se propone que, dado que cada nueva persona genera riesgos adicionales, habría que limitar el encarcelamiento como medida de control social, liberar mujeres privadas de su libertad por delitos no graves que no involucró violencia y excarcelar a población bajo el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Federal referente a la solicitud de preliberación.

La referida ley señala que la Autoridad Penitenciaria, con opinión de la Procuraduría, podrá solicitar al Poder Judicial de la Federación o ante el Tribunal Superior de Justicia que corresponda, la conmutación de pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo determinado de personas sentenciadas.

Esta propuesta es parte de la Ley de Amnistía que se encuentra en la mesa del Senado de la República luego de ser aprobada por el Congreso de la Unión.

Al encarcelar a cada vez más mujeres por este tipo de delitos, el Estado no ha tomado en cuenta las condiciones de vulnerabilidad, como pobreza y marginación, que las han llevado a realizar tales actividades, ni tampoco las historias de violencia, sobre todo sexual, que muchas de ellas han sufrido. Ellas son víctimas de una política de drogas que ha fracasado y de un sistema que castiga más a quienes menos tienen. Esto, desde luego, no es justicia: no resuelve la inseguridad que vivimos, ni disminuye la producción o tráfico de drogas.

Estos son los criterios que considera el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

 

  1. Se trate de un delito cuya pena máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia;
  2. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos;

III. Por motivos humanitarios cuando se trate de personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleven compurgando o les falte por compurgar de la sentencia;

  1. Cuando se trate de personas sentenciadas que hayan colaborado con la procuración de justicia o la Autoridad Penitenciaria, y no hayan sido acreedoras a otra medida de liberación;
  2. Cuando se trate de delitos de cuyo bien jurídico sea titular la federación o la entidad federativa, o aquellos en que corresponda extender el perdón a estos;
  3. Cuando la continuidad de la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines de la reinserción del sentenciado a la sociedad o prevenir la reincidencia.

No podrá aplicarse la medida por criterios de política penitenciaria en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro, ni otros delitos que conforme a la ley aplicable merezcan prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En cualquier caso, la Autoridad Penitenciaria deberá aplicar los principios de objetividad y no discriminación en el proceso y ejecución de la medida.

Aquí se firma la petición:

https://mujeresydrogas.wola.org/liberarlasesjusticia/?fbclid=IwAR21zcUQbKZXzG_vGxGi0Lzene1ALcq-NXnrrz7KOOVBbE5Hd4ueQwTBAfk