Contingencia y apego a la legalidad

Por Alejandro Smith Vázquez

ABRIL 2020/ El Artículo 29 Constitucional determina qué derechos no pueden ser suspendidos en caso de que hubiese un momentáneo estado de excepción o restricción, uno de esos derechos es el apego a la legalidad, y las garantías judiciales para protegerlo; al tomarse una suspensión de actividades el Poder Judicial Federal y los Poderes Judiciales locales, violentan el citado artículo; dejan al Pueblo a la deriva y en estado de indefensión; hoy autoridades municipales en distintos lugares del país, bajo el argumento de la contingencia, cierran negocios e impiden que miles de personas puedan llevar el sustento a sus casas, generando una crisis económica sin precedentes.


Es indispensable observar el manejo que de la emergencia han hecho países como Japón o la India. En donde ciertamente se cuidan e implementan medidas sanitarias, pero no paralizan la economía nacional.


Hoy ante los excesos de muchos entes administrativos, los ciudadanos no tienen a quien ocurrir, les pueden cerrar negocios, imponer multas injustificadas, violentar sus derechos, pero no hay un tribunal que les atienda para detener el abuso de autoridad.


Ni el Congreso local o federal se manifiesta, el silencio impera ante el miedo a la pandemia, un miedo que es auspiciado a cada momento con números sobre el contagio incremental, contagio que es inevitable, pero sí es evitable que la reacción al mismo termine desestabilizando el desarrollo nacional.


Se ha dejado al Pueblo Mexicano sin acceso a la justicia, y al parecer no hay un reclamo generalizado por ello, lo que es por una parte preocupante y por otra resulta en un dato interesante, porque significaría que no hay tal demanda de servicios de justicia que justifique mayores incrementos presupuestales.


Esperamos que con esta contingencia y suspensión de los servicios de administración de justicia, se emprenda con mayor fuerza el modelo de justicia electrónica y su acceso mediante el uso de la infraestructura de internet.


Ahora bien, ante la ausencia del Poder Judicial, ¿ante quien hay que ocurrir para solicitar justicia?; ante el llamado de los impetrantes de justicia, el Estado da como respuesta añeja y burocrática: ¡¡¡ Que esperen¡¡¡ .